El rezago educativo y la pobreza infantil son un gran riesgo para el mercado laboral y la calidad de vida en los próximos años.
Costa Rica enfrenta desafíos
significativos en un entorno caracterizado por la reducción objetiva de la
inversión social. Estos recortes -sin estrategia de contención- se reflejan en
altas desigualdades territoriales, particularmente acentuadas en las zonas
costeras, en los altos índices de desempleo juvenil, la pobreza infantil y el
rezago educativo. Tales condiciones en conjunto podrían impactar
significativamente las oportunidades futuras de la población en los mercados
laborales.
En Costa Rica en este momento alcanzamos
casi un 40% de pobreza infantil. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024), la
pobreza afecta al 38.66% de las niñas y los niños de 0 a 4 años, al 39.94% de 5
a 9 años y al 37.77% de 10 a 14 años, evidenciando una vulnerabilidad
persistente en la primera infancia y en la niñez. En ese contexto de
privaciones las niñas y los niños enfrentan barreras significativas para
acceder a servicios esenciales, como educación de calidad, alimentación,
transporte, vivienda, internet, telefonía y atención de salud adecuada.
A lo expuesto hay que sumar una
menor inversión social significativa, en cada etapa de desarrollo, las personas
más vulnerables reciben menos recursos y oportunidades para integrarse de forma
efectiva a la sociedad. Lo indicado contribuye a una preparación insuficiente
en habilidades clave para competir en empleos cada vez más técnicos y
especializados. En consecuencia, el desempleo juvenil se ha convertido en un
problema persistente, y muchos
jóvenes costarricenses encuentran barreras para acceder a un trabajo estable;
solo el 40% logra emplearse.
Además, enfrentamos una
transición demográfica que plantea retos significativos para el futuro social y
económico del país. La disminución en la tasa de natalidad, conocida como
"invierno
demográfico", implica que cada vez nacen menos personas, lo que podría
llevar a una menor disponibilidad de trabajadores jóvenes en las próximas
décadas. Esto plantea el riesgo de no contar con suficiente mano de obra
especializada para cubrir las necesidades del mercado laboral en los próximos
20 o 30 años, aumentando la presión sobre los sistemas de seguridad social,
salud y pensiones, incrementando la carga económica sobre una fuerza laboral
cada vez más reducida.
Aunque los discursos políticos
adoptan un tono optimista, es necesario plantearse reflexiones profundas. Si la
generación actual de niñas, niños y adolescentes no recibe una educación
adecuada y servicios de calidad, esto podría derivar en una escasez de
profesionales calificados, afectando así la competitividad del país en diversos
sectores. Tal escenario tendría un impacto negativo en la calidad del capital
humano joven del país a mediano plazo. Si bien Costa Rica ha orientado sus
esfuerzos hacia la venta de servicios especializados mediante zonas francas,
inversión extranjera directa y el desarrollo del sector turístico, mantener y
elevar la calidad de la especialización en su fuerza laboral será fundamental
para fortalecer su posición en el mercado global.
Todas las condiciones antes expuestas reducen la posibilidad para que muchas personas alcancen los niveles de formación necesarios para ocupar empleos cualificados en un futuro cercano. Con menos personas preparadas para cubrir posiciones técnicas y especializadas, el mercado laboral experimentará una escasez de profesionales. En este contexto, el valor de las posiciones y los salarios profesionales podría incrementarse, especialmente a medida que la generación actual de trabajadores especializados comience a retirarse paulatinamente sin contar con suficientes talentos nuevos para reemplazarlos.
El aumento en la demanda de
profesionales cualificados generaría, en el mediano plazo, efectos
significativos para las empresas que operan en el país. Aunque el impacto no será
inmediato, la escasez de personal calificado puede dificultar la cobertura de
posiciones en las empresas e instituciones. Ante esta situación, algunas
organizaciones privadas podrían optar por trasladar sus operaciones a otros
países donde la disponibilidad de talento sea mayor. Este fenómeno de escasez,
a su vez, incentivaría que los profesionales altamente capacitados se orienten
a buscar mejores oportunidades en el extranjero, donde sus habilidades son más
valoradas y los salarios más atractivos, contribuyendo a la llamada “fuga de
cerebros”. Este ciclo de fuga de cerebros podría intensificarse aún más si las
condiciones internas no mejoran, particularmente en términos de oportunidades
laborales y estabilidad económica.
Por ello, frente a estos retos,
resulta vital realizar una inversión focal y dirigida en educación básica para
grupos vulnerables y en situación de pobreza, lo cual podría atenuar algunos de
estos efectos adversos. Además, es fundamental implementar programas técnicos
específicos en zonas vulnerables como parte de una estrategia nacional para
fortalecer la capacitación en áreas vitales, como los semiconductores y la
informática. Promover programas desde edades tempranas que involucren a las
poblaciones jóvenes y las orienten hacia el mercado laboral global también
contribuiría significativamente a este objetivo. Si no capacitamos a estas
poblaciones para integrarse al mercado laboral formal, podríamos incentivar la
expansión del trabajo informal e, incluso, en el peor de los escenarios, el
mercado del narcotráfico podría captar a personas de sectores vulnerables en
sus filas.
