jueves, 28 de agosto de 2025

Comercios bajo fuego en Costa Rica: cómo reducir la probabilidad de homicidios en sitio

 

Julio Solís Moreira, Sociólogo

La balacera del Día de la Madre en Lindora, Santa Ana, dejó al descubierto un patrón que ya no puede pasarse por alto: el comercio se ha convertido en escenario de ataques dirigidos, asociados a sicariato y ajustes de cuentas, con clientela y transeúntes expuestos a impactos colaterales. La situación obligó a cierres de emergencia, atención prehospitalaria a heridos y un despliegue policial inmediato en un entorno con afluencia alta. Este tipo de ataque, por su velocidad y precisión, tensiona al máximo los controles de sitio y la capacidad de reacción en minutos críticos.

La gestión del riesgo en comercios con alta densidad de público no puede seguir orientada al robo de oportunidad sino a un enfoque de prevención situacional. El problema es la probabilidad de letalidad en aceras, entradas y bahías de parqueo cuando un blanco es atacado en presencia de terceros. La prevención situacional, consolidada por la literatura especializada (Clarke, 1997), replantea el foco: la tarea es cerrar oportunidades operativas del agresor, acortarle la ventana de ataque y huida, y aumentar el esfuerzo y el riesgo en puntos clave del recorrido. Esta aproximación trabaja sobre la escena, no sobre motivaciones profundas: el fin es que el agresor encuentre un acceso más lento, una línea de tiro más difícil, un perímetro menos permisivo y una mayor posibilidad de identificación y detención.

En la práctica, esto requiere ordenar accesos y perímetros para impedir aproximaciones relámpago. Los puntos de entrada y salida deben obligar a disminuir la velocidad, exponer el rostro a cámaras y separar la zona de descenso vehicular de las puertas principales. Es recomendable disponer vestíbulos o esclusas que moderen el flujo y permitan observación efectiva desde adentro hacia afuera. El control de motocicletas y vehículos en el frente inmediato del local reduce la inercia de llegada y escape. La señalización visible sobre objetos prohibidos son un filtro disuasivo. En este contexto, la política de no armas en los comercios, claramente comunicada y verificada en accesos con vigilantes, y la coordinación con autoridad municipal y policial para inspecciones programadas, añaden capas de control con respaldo institucional.

El diseño físico debe acortar la ventana de tiro y mejorar la visibilidad. Las fachadas y vitrinas han de ser permeables a la vista pública, evitando afiches que bloqueen visión hacia el interior. Cristales laminados o películas anti-estallido en zonas críticas, más rejas o persianas donde corresponda, reducen la vulnerabilidad ante ráfagas y esquirlas. Bolardos y barreras físicas ayudan a impedir embestidas o estacionamientos en línea de puerta que favorezcan escapes inmediatos. La iluminación uniforme en accesos, estacionamientos y pasillos laterales elimina puntos ciegos; los espejos convexos abren ángulos; y la poda de vegetación mantiene líneas de visión despejadas para la vigilancia natural y de las autoridades. En paralelo, la videovigilancia debe cubrir entradas, pasillos críticos y zonas de parqueo con ángulos aptos para rostro y placas, con retención suficiente de material, pruebas periódicas y marcaje de incidentes para entrega ágil a la autoridad.

La operación cotidiana necesita disciplina en momentos sensibles. Las aperturas y cierres deben ejecutarse en dupla, con revisión perimetral previa y comunicación con un punto de control. La administración ha de contar con protocolos escritos para eventos con ráfagas: resguardo inmediato de personas, bloqueo selectivo de accesos si corresponde. Estas rutinas, probadas mediante simulacros, permiten corregir fallas de diseño y de ejecución antes del siguiente fin de semana.

La regulación municipal es el eslabón que convierte buenas prácticas en estándar verificable. Incluir como requisito de patente un plan de seguridad de sitio actualizado, con estándares mínimos de iluminación exterior, cobertura de cámaras y señalización, crea un piso común para corredores de riesgo. Ese plan debe contemplar control de accesos, aforos por franja, políticas sobre objetos prohibidos (objetos contundentes, armas blancas y armas de fuego), lineamientos de diseño que preserven visibilidad hacia salidas, procedimientos de apertura y cierre. La fiscalización progresiva, con asistencia técnica, requerimientos formales y sanciones graduadas, alinea incentivos de cumplimiento. La coordinación con Policía Municipal y Fuerza Pública para patrullajes por franja y canal directo con administradores cierra el circuito entre diseño, vigilancia y respuesta.

Experiencias comparadas en la región refuerzan el énfasis en accesos, perímetros y control de armas. En Venezuela, el deterioro institucional y la escalada de violencia llevó a comercios a restringir horarios y reforzar puntos de entrada sin garantías uniformes de calidad. En El Salvador, el control territorial más estricto redujo las extorsiones que ahogaban la actividad comercial, dejando claro que los espacios con filtros eficaces y reglas exigibles disminuyen la exposición. En grandes ciudades de Brasil, el auge de la seguridad privada muestra que la demanda de control aumenta cuando el aparato público no alcanza, lo que obliga a regular estándares para evitar riesgos derivados de servicios heterogéneos. En Colombia, la combinación de acciones enfocadas a la convivencia ciudadana, las restricciones a armas, la regulación horaria y la vigilancia sostenida del espacio comercial incidió en la caída de eventos críticos en zonas de alta concentración nocturna.

Reducir la probabilidad de homicidios en comercios no debería ser un ejercicio discursivo en el contexto costarricense, es una necesidad urgente. Implica rediseñar acciones para bajar la velocidad de aproximación, separar bahías de descenso, impedir estacionamientos a filo de puerta, fortalecer barreras y cristales, iluminar y abrir ángulos muertos, capturar rostros y placas con cámaras bien ubicadas, y documentar la operación con protocolos sencillos pero estrictos. La clave es la verificabilidad: cada local debe poder demostrar que sus controles ralentizan al agresor, lo exponen a la identificación y dificultan la huida. La legislación nacional puede exigirlo y la gestión cotidiana debe sostenerlo; en eso consiste la seguridad ciudadana.

Referencias

- Clarke, R. V. (1997). Situational Crime Prevention: Successful Case Studies (2nd ed.). Harrow and Heston. 

- Center for Problem-Oriented Policing. (s. f.). Twenty-Five Techniques of Situational Prevention. 

miércoles, 20 de noviembre de 2024

¿Qué futuro les espera a los niños si no se invierte en ellos?

El rezago educativo y la pobreza infantil son un gran riesgo para el mercado laboral y la calidad de vida en los próximos años.


Costa Rica enfrenta desafíos significativos en un entorno caracterizado por la reducción objetiva de la inversión social. Estos recortes -sin estrategia de contención- se reflejan en altas desigualdades territoriales, particularmente acentuadas en las zonas costeras, en los altos índices de desempleo juvenil, la pobreza infantil y el rezago educativo. Tales condiciones en conjunto podrían impactar significativamente las oportunidades futuras de la población en los mercados laborales.

En Costa Rica en este momento alcanzamos casi un 40% de pobreza infantil. Según la  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024), la pobreza afecta al 38.66% de las niñas y los niños de 0 a 4 años, al 39.94% de 5 a 9 años y al 37.77% de 10 a 14 años, evidenciando una vulnerabilidad persistente en la primera infancia y en la niñez. En ese contexto de privaciones las niñas y los niños enfrentan barreras significativas para acceder a servicios esenciales, como educación de calidad, alimentación, transporte, vivienda, internet, telefonía y atención de salud adecuada.

A lo expuesto hay que sumar una menor inversión social significativa, en cada etapa de desarrollo, las personas más vulnerables reciben menos recursos y oportunidades para integrarse de forma efectiva a la sociedad. Lo indicado contribuye a una preparación insuficiente en habilidades clave para competir en empleos cada vez más técnicos y especializados. En consecuencia, el desempleo juvenil se ha convertido en un problema persistente, y muchos jóvenes costarricenses encuentran barreras para acceder a un trabajo estable; solo el 40% logra emplearse.

Además, enfrentamos una transición demográfica que plantea retos significativos para el futuro social y económico del país. La disminución en la tasa de natalidad, conocida como "invierno demográfico", implica que cada vez nacen menos personas, lo que podría llevar a una menor disponibilidad de trabajadores jóvenes en las próximas décadas. Esto plantea el riesgo de no contar con suficiente mano de obra especializada para cubrir las necesidades del mercado laboral en los próximos 20 o 30 años, aumentando la presión sobre los sistemas de seguridad social, salud y pensiones, incrementando la carga económica sobre una fuerza laboral cada vez más reducida.

Aunque los discursos políticos adoptan un tono optimista, es necesario plantearse reflexiones profundas. Si la generación actual de niñas, niños y adolescentes no recibe una educación adecuada y servicios de calidad, esto podría derivar en una escasez de profesionales calificados, afectando así la competitividad del país en diversos sectores. Tal escenario tendría un impacto negativo en la calidad del capital humano joven del país a mediano plazo. Si bien Costa Rica ha orientado sus esfuerzos hacia la venta de servicios especializados mediante zonas francas, inversión extranjera directa y el desarrollo del sector turístico, mantener y elevar la calidad de la especialización en su fuerza laboral será fundamental para fortalecer su posición en el mercado global.

Todas las condiciones antes expuestas reducen la posibilidad para que muchas personas alcancen los niveles de formación necesarios para ocupar empleos cualificados en un futuro cercano. Con menos personas preparadas para cubrir posiciones técnicas y especializadas, el mercado laboral experimentará una escasez de profesionales. En este contexto, el valor de las posiciones y los salarios profesionales podría incrementarse, especialmente a medida que la generación actual de trabajadores especializados comience a retirarse paulatinamente sin contar con suficientes talentos nuevos para reemplazarlos.

El aumento en la demanda de profesionales cualificados generaría, en el mediano plazo, efectos significativos para las empresas que operan en el país. Aunque el impacto no será inmediato, la escasez de personal calificado puede dificultar la cobertura de posiciones en las empresas e instituciones. Ante esta situación, algunas organizaciones privadas podrían optar por trasladar sus operaciones a otros países donde la disponibilidad de talento sea mayor. Este fenómeno de escasez, a su vez, incentivaría que los profesionales altamente capacitados se orienten a buscar mejores oportunidades en el extranjero, donde sus habilidades son más valoradas y los salarios más atractivos, contribuyendo a la llamada “fuga de cerebros”. Este ciclo de fuga de cerebros podría intensificarse aún más si las condiciones internas no mejoran, particularmente en términos de oportunidades laborales y estabilidad económica.

Por ello, frente a estos retos, resulta vital realizar una inversión focal y dirigida en educación básica para grupos vulnerables y en situación de pobreza, lo cual podría atenuar algunos de estos efectos adversos. Además, es fundamental implementar programas técnicos específicos en zonas vulnerables como parte de una estrategia nacional para fortalecer la capacitación en áreas vitales, como los semiconductores y la informática. Promover programas desde edades tempranas que involucren a las poblaciones jóvenes y las orienten hacia el mercado laboral global también contribuiría significativamente a este objetivo. Si no capacitamos a estas poblaciones para integrarse al mercado laboral formal, podríamos incentivar la expansión del trabajo informal e, incluso, en el peor de los escenarios, el mercado del narcotráfico podría captar a personas de sectores vulnerables en sus filas.


Publicado en: Nacion.com

Por qué debemos incentivar la participación ciudadana


El concepto de capital social, aunque no es atribuible exclusivamente a un autor, encuentra un robustecimiento en la propuesta de Robert Putnam, y se presenta como una herramienta potencialmente valiosa para abordar dilemas relacionados con la participación y la cohesión social. Putnam concibe el capital social como un recurso basado en las relaciones, que facilita la cooperación y la coordinación para un beneficio mutuo. Los grupos sociales pueden beneficiarse enormemente de un enfoque renovado sobre el capital social que se centre en la creación de redes de reciprocidad, la confianza y la participación cívica para la generación de procesos de acción colectiva.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Italia que Putnam estudió. Comparó diferentes gobiernos regionales con similares características organizativas, pero con culturas y geografías distintas. Algunos gobiernos mostraron mayor calidad de gestión y satisfacción ciudadana ¿cuál fue la clave de su éxito? Una fuerte tradición de "compromiso cívico", visible en la presencia de coros, círculos literarios, clubes de fútbol, entre otros. En contraste, Putnam destaca que, durante el siglo XX en Estados Unidos, se experimentó un declive en la participación cívica y en la confianza social. Sin embargo, en aquellos lugares con mayores niveles de capital social, se registraron menores tasas de delincuencia, más tolerancia, menos desigualdad y una mayor sensación general de felicidad.

Ahora ¿cómo podemos aplicar estas lecciones a Costa Rica? Primero, debemos reconocer y fortalecer los vínculos entre las personas en los espacios locales buscando fomentar la participación cívica y la organización ciudadana. Esto implica apoyar las diversas formas mediante las cuales los costarricenses ya están creando capital social, ya sea a través de asociaciones locales, clubes deportivos, grupos de arte y cultura, entre otros. Lo expuesto implica un trabajo desde espacios ligados a la sociedad civil debido a los retos sustantivos de la participación.

Costa Rica, pese a los notables logros que ha experimentado en términos de desarrollo humano, exhibió en el 2013 la tasa de participación ciudadana más baja en toda América Latina y el Caribe. Lo expuesto, fue evidenciado en el Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) del año 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicho informe expuso que únicamente un 14.4% de la población costarricense se encontraba integrada en grupos deportivos, un 13.9% participaba en asociaciones locales, un escaso 5.7% estaba activo en gremios profesionales y un 2.3% se involucraba de forma activa en partidos políticos.

Se percibió una marcada tendencia a delegar la responsabilidad de lo colectivo al Estado, lo que supone una transferencia de deberes y funciones de los espacios barriales hacia las instancias gubernamentales. Además, se identificó una preferencia notable por evitar compromisos que sean percibidos como complicados o que impliquen una obligación a largo plazo, lo cual puede estar limitando la participación ciudadana en actividades de naturaleza colectiva y cooperativa.

El fortalecimiento del capital social en Costa Rica implica no solo fomentar una participación cívica más amplia, sino también superar los dilemas de la acción colectiva, entre los que se incluyen, la desigualdad social, la segregación, la discriminación, y el declive de la participación cívica. El desafío se vuelve aún más crucial cuando consideramos la composición diversa de la sociedad costarricense. Costa Rica es hogar de comunidades binacionales, transnacionales, híbridas y multiculturales, lo que añade una capa adicional de complejidad a los desafíos de la participación cívica y la construcción de confianza y reciprocidad.

Fomentar el capital social en este contexto multicultural implica construir puentes entre estas agrupaciones diversas. A través de la construcción de redes de reciprocidad y confianza, el capital social promueve la integración y el compromiso cívico dentro de estos grupos, supera barreras culturales y geográficas. Así, el capital social actúa como un puente, permite la creación de un sentido común de identidad y pertenencia, incluso en contextos de gran diversidad cultural y étnica.

Julio Solís Moreira

Sociólogo e investigador

Publicado en: Nacion.com

Oportunidades vitales: condiciones sociales para un futuro digno en Costa Rica





















Julio Solís Moreira / Sociólogo e investigador

El principio de las oportunidades vitales busca la reducción de las brechas entre las personas, al reconocer sus distintas condiciones de vida y ampliar sus posibilidades para superar los obstáculos que les impiden alcanzar el bienestar y la calidad de vida. Se destaca, en este enfoque, que al nacer las personas se asemejan en muchos aspectos, pero con el tiempo se marcan diferencias según las características de la persona, el entorno, la familia y la protección estatal. Si se toma en cuenta lo anterior, es fundamental equilibrar tales condiciones, mediante oportunidades vitales desde la infancia para una vida digna y productiva.

Las oportunidades vitales permiten a las personas desarrollar sus capacidades y potencialidades, así como ejercer sus derechos y deberes. Para lograr lo anterior, a través del tiempo se deben garantizar opciones y servicios sociales, económicos y culturales, los cuales deben estar enfocados en desarrollar personas capaces de tomar elecciones orientadas a una vida libre, así como superar situaciones de privación.

Lamentablemente, en Costa Rica aún hay muchos datos preocupantes que amenazan el futuro de la población. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) al 2022 el grupo de edad entre los 0 y 14 años alcanza casi un 40% de la niñez en pobreza, además de esto, según el Estado de la Educación en cuanto a los servicios educativos, desde los 5 años a los 15 años hay mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza por la exclusión educativa particularmente en las zonas rurales y en el grupo de mujeres. Al observar el Índice de Pobreza Multidimensional de la Enaho 2022, se evidencia que los hogares con personas entre los 0 y los 14 años presentan un bajo desarrollo del capital humano. En estos hogares, el 34,45% tiene bajos niveles educativos en promedio. Si se consideran esos datos, se puede reafirmar que la falta o privación de oportunidades vitales, en efecto, enfrenta a las personas a situaciones que difícilmente se pueden superar sin un soporte institucional y comunal.

De la misma forma, para crear oportunidades vitales, es necesario fortalecer las ligaduras y los vínculos sociales entre las personas y los actores al fomentar una responsabilidad compartida desde el nivel local y territorial, con municipios que escuchen las necesidades y demandas, hasta el nivel nacional con un Estado que brinde servicios orientados a las personas. De la misma forma, se debe promover el rol de la comunidad (el apoyo mutuo) y el asociacionismo en conjunto con el sector privado y, de esta manera, asumir procesos de corresponsabilidad desde la sociedad civil.

El rol de los actores es fundamental para brindar asistencia, pero también es importante el desarrollo de herramientas que potencien la capacidad de las personas en un contexto globalizado, donde se requieren herramientas tecnológicas y virtuales para mejorar la información y habilidades de las personas. La creación de páginas con información accesible sobre empleo (bancos de empleo), citas médicas, digitalización de la banca (aumento de la bancarización) y servicios de cuidado infantil, entre otros, pueden mejorar las capacidades de las personas y ser especialmente útiles para aquellos que viven en situaciones de pobreza y necesitan más oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

En resumen, para asegurar un futuro digno a las y los costarricenses, es esencial generar oportunidades vitales para toda la ciudadanía, así como equilibrar las condiciones sociales desde el momento del nacimiento. Esto debe ir acompañado de un trabajo conjunto entre los diferentes agentes sociales, que promueva la corresponsabilidad y los vínculos sociales. Solo de esta manera podremos construir una sociedad en la que todas las personas tengan la posibilidad de desarrollar su potencial.

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