lunes, 18 de agosto de 2008

Acción Ciudadanía y Seguridad ciudadana. (El dilema entre la competencia Estatal y los ciudadanos).

En un contexto de conflicto político por la representación de diversos “proyectos-país” y de enfoques ciudadanos, en una coyuntura en que las tensiones son constantes, que los discursos se desvanecen y los actores sociales emergen, donde agentes individuales se arrojan al poder en una crisis política-partidaria, primordialmente reflejo de limites institucionales que guían los proyectos políticos. Por ello la importancia de la interpretación de enfoques de gestión pública para a futuro tener marcos lógicos para contrastar y comprender una buena acción pública.

Así como configurar mejores niveles de convivencia social, en este caso de seguridad, en otros de la educación, salud, ética pública, trabajo, y una gran cantidad de campos en los que el Estado tiene capacidades para llevar conjunto de oportunidades para el desarrollo social.

Las luchas son continuas en la vida pública, en esas lucha es importante un actor como lo es la ciudadanía, así como legitimar su emergencia, pues puede mejorar la relación Estado-Sociedad. Ya que el Estado es el garante legitimo de ciertas obligaciones de control, para con la organización social y la vinculación de posibilidades sociales, además de que es facilitador de escenarios para la reproducción y constitución, de actores y grupos sociales a la vida pública.

Para situar la discusión parece importante ver el análisis de Gabaldón (2007: 122), en donde se plantea una revisión de la discusión sobre el tema de la seguridad ciudadana, que permite determinar la existencia de una tensión entre lo que se entiende como políticas de Estado, alrededor de la idea de la planificación y gestión centralizadas, e iniciativas de gobierno y gestión local, centradas en la flexibilización y la autonomía de las municipalidades y las unidades territoriales primarias.

Pues mucha de la experiencia e informaciones sobre la gestión de la seguridad ciudadana, se incorpora, con temas estrictamente locales, como los de policía comunitaria o los de la autonomía decisoria (incluso a nivel de barrios y subsectores urbanos) para fijar prioridades e iniciativas plausibles de control y reducción de la delincuencia.

Sin embargo siguiendo al autor, es expone a que no se renuncia a la idea de planificación “desde arriba” y a la definición de estándares normativos más generales[1], como se desprende de la defensa de la centralización de la policía o de la exigencia de un capital social “general” para toda la sociedad. Esta tensión entre lo centralizado y lo local puede significar algunas contradicciones.

Gabaldon (2007: 124) expone que esta tensión aparece como una cuestión que plantea la necesidad de evaluar la vulnerabilidad de las áreas urbanas y el empoderamiento ciudadano dentro del contexto de las asimetrías en la organización de las relaciones interpersonales a nivel local. Así el reconocimiento de un nivel territorial reducido para la definición de políticas de seguridad y control del delito facilita la formulación de propuestas sobre la descentralización de la policía, por cuanto resulta poco factible generar un enfoque anclado en la intervención “centrada en problemas”, como propone el modelo de policía comunitaria, dentro de estructuras verticales, altamente centralizadas.

Y continua exponiendo que es cierto que este modelo centralizado ha sido defendido apoyándose en consideraciones de profesionalización, capacitación técnica, presencia y control territorial extenso por parte del Estado, aunque es poco atractivo cuando se considera la burocratización[2] y la dificultad las respuestas hacia las expectativas locales. Por otro lado, la centralización dificulta la permeabilidad de la policía y favorece su defensa frente a mecanismos de rendición de cuentas con participación ciudadana, algo vinculado a la contraloría social.

“Aparejado al discurso de expansión de la policía se encuentra el de la extensión del sistema jurídico formal para la resolución de los conflictos. Dicho discurso se inserta dentro de la perspectiva moderna de la previsibilidad, atomización del individuo y racionalidad burocrática, y ha supuesto que la colonización de los espacios de las disputas y los conflictos por parte del Estado es capaz de producir seguridad, minimización de la violencia y satisfacción extensa entre la población, aparte de implicar la dotación de mecanismos de garantías y protección para los más débiles en la escala social”. Gabaldon (2007: 125).

Estamos frente a condiciones técnicas de la acción, pues, el discurso de la extensión del sistema jurídico[3] se encuentra implícita la concepción de que la policía, como agencia de control social formal estatal, se encuentra gobernada por reglas de derecho y constituye un referente social indispensable para la resolución de los conflictos, que como expusimos arriba responde a los esfuerzos del derecho por mediar instancias de control y normar la organización racional de la policía como un ente de acción real (material), que tiene que defender los derechos humanos de una manera responsable.

“Estas consideraciones bastarían para sostener que la ocupación del espacio del control social formal en América Latina resulta problemática, requiriéndose la consideración de variados aspectos, como supervisión, rendición de cuentas, aceptación ciudadana y adelgazamiento de los límites entre espacio público y privado de control social, para comprender la fluidez y alternancia entre controles formales e informales.” Gabaldon (2007: 127)

En estas mediaciones entre la formalidad política aparece la dimensión del empoderamiento en la seguridad Ciudadana, empoderamiento que implica reconocimiento de derechos y reducción de asimetrías[4].

Así el autor propone que el reconocimiento de derechos no es exclusivamente formal, sino material. Ello significa que no basta la promulgación de normas que reconozcan los derechos, sino el desarrollo de prácticas sociales que apliquen dicho reconocimiento. Aunque el programa político y social de la modernidad proclama la igualdad, las disparidades entre los ciudadanos de un mismo país están muy lejos de ser superadas.
Esta discusión tan importante es la que tiene que ser analizada en la producción de la normas jurídicas para la aplicación en la realidad concreta, puesto que los esfuerzos deductivos algunas veces no responderán a la relación de los sujetos en el mundo de la vida, esta preocupación se expone como parte de procesos de acción para guiar algunos desarrollos que pueden generar conflictos por análisis que están lejos de responder campos reales de acción.

Entendido esto, desde la concertación conceptual, como procedimental de la acción pública, hay que ver la integración, podríamos decir de los entes de control -integralmente- a la vida pública, respetando y rindiendo cuenta de valores comunes, que se han mantenido o son aceptados como base de derechos para el desarrollo concreto de los países y las personas.

Bibliografía

-Gabaldón, L. (2007). Territorialidad, legitimidad y empoderamiento en la seguridad ciudadana y el control del delito en América Latina. Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología, 16(1), 119-134. Retrieved April 17, 2008, from Fuente Académica database.
-Habermas, Jurgen (1998). Facticidad y Validez. Editorial Trotta. Valladolid.

Citas bibliograficas

[1] Como comentario propio estas presiones desde abajo y desde arriba (Estado), son las que están actualmente en los análisis de los procesos de gestión pública. Se plante la hipótesis: Ante la situación de la diferenciación sistémica, aparece en los discursos la emergencia de la comunidad y la localidad, de gestiones exclusivas para algunas comunidades (policía comunitaria y policía de proximidad). Así la comunidad es un espacio diferente para vivir la seguridad por situaciones de complejidad que tienen que ver con la organización de un sistema político que esta dejando que estos procesos se organicen y diferencien la seguridad de espacio comunal y la nacional, como también la seguridad privada de la pública.
[2] Habrá de profundizarse los alcances de la gestión, en la unidad central del Estado, lo que se presenta como la responsabilidad de los funcionarios públicos, para llevar a cabo las tareas planteadas y de las característica que se analiza en la gestión pública, donde las gestiones se tienen que “enfrentar a la institucionalidad y la disposición política para el cambio, el desafiar a las estructuras ancladas en el Estado, como las clientelas, los respetos y las confianzas.”
[3] Parece importante citar a Habermas (1998), pues en su reflexión asume lo primordial del Derecho como mediador social para mantener la integración en sociedades complejas, donde aparecen diferenciaciones inducidas por sistemas específicos, sobre todo, aquellos que por organización (dinero, mercado), se han ido empoderando de muchos campos de la vida, que se contraponen conflictuando el rol Estado. Así la capacidad de gestión del Estado no solo esta en su normativa-jurídica sino como regulador de derechos, que se ve limitado frente a presiones distintas a un bien común, mostrando cierta capacidad de mantener la legitimidad política, frente a diferenciaciones, desigualdades y exclusiones a las que se ven sometidas las personas. Son los limites del Estado por asegurar el bien común, donde se enfrenta a un sistema económico
[4] En este sentido para Costa Rica seria importante situar una hipótesis explicativa, sobre: Como el proceso político en relación con la orientación de las capacidades ciudadanas, tiene dificultades, debido a las limitaciones en la participación en procesos de inclusión política. El mismo pasa por las carencias de control ciudadano, las falencias en relación con la creación de una cultura política que construya un sistema político que articule actores sociales. Esto se expresa también en las limitaciones de la organización institucional, que tiene como dilema la falta de respuesta ante las nuevas necesidades. La construcción de la legitimidad entonces es limitada, ya que al no existir proyectos comunitarios, la incorporación de mayorías circunscribe la misma acción pública, dándose un desfase real entre necesidades reales y la formalidad política.