Para iniciar quisiera hacer una salvedad al contexto costarricense. Desde hace varios años los gobiernos hablan con gran preocupación "del papel" de la ética pública y la lucha contra la corrupción en la función gubernamental.
Ejemplificando lo anterior, se han creado una multiplicidad de instrumentos de control en el ámbito del sector publico, como la Ley de Enriquecimiento Ilícito (luego de los casos de los expresidentes), se creo también una Procuraduría de Ética Pública, se ha promovido la fiscalización desde la Contraloría General de la República, ha aumentado el control político por parte de los legisladores más progresistas, igualmente los medios de comunicación han tenido su parte revelando gran cantidad de casos de corrupción.
Todo lo anterior refleja la preocupación señalada y se manifiesta en el constante reclamo social alrededor de la gestión de los recursos del sector público.
No hay duda de que los continuos casos de corrupción en Costa Rica revelan a primera vista una falta de transparencia en la gestión y el uso incorrecto de los fondos públicos. Pero hay que ir más allá. Se ha de tener en cuenta que aquel que es etiquetado como corrupto está asociado a un escenario complejo, de influencias por parte de organizaciones o personas "corruptoras" que buscan ventaja para sus intereses y negocios, actores que ponen en primer lugar el “beneficio” privado de sus empresas (políticas y económicas) más allá del bien de su comunidad o de la sociedad en general.
Quisiera señalar que los dilemas presentados también van más allá de la inocente discusión de orden deontológico alrededor del mejoramiento de la llamada ética pública, sino que está en el carácter de las relaciones entre los ámbitos público y privado en Costa Rica (relaciones cada vez más difusas). Lo anterior se manifiesta con el aumento en las últimas décadas de las problemáticas concesiones de los servicios y bienes públicos hacia el sector privado (salud, educación, comunicación, obra pública, servicios de mantenimiento, entre otros).
Otro síntoma de los problemas asociados a la corrupción se observa en la “vida diaria”, es casi una “costumbre” ver la existencia de ventajas creadas por relaciones “clientelares” y no por decisiones centradas en la administración eficaz de los fondos públicos, esta situación deja el “juego listo” para que los actores que están en la esfera pública y privada se guíen por la falta de criterios técnicos y dejen una el camino abierto a la corrupción.
Al final, cuando se demuestra la existencia casi “obvia” de alguna organización corrupta, es que emerge el "sobreprotector" orden penal que como última medida (ultima ratio) busca castigar los delitos tipificados, dígase, el trafico de influencias, el peculado, los sobornos, los cohechos, etc. Esta confianza ciega en el castigo como fuente de resolución de las relaciones sociales -antes señaladas- genera un problema básico, al final la ley no puede anticipar las complejas relaciones entre corruptos y corruptores.
Como cierre de esta reflexión hay señalar que si se quiere prevenir la corrupción y mejorar la transparencia, los actores públicos y sobre todo los privados deben responsabilizarse por sus actos. Las culpas no están solamente en “lo público” están en general dentro de la sociedad costarricense, sociedad que en vez de ser perfecta y “feliz”, debería tomar en serio la discusión de los efectos que está teniendo la corrupción en la calidad vida y el bienestar de todas y todos. Al final por la corrupción se construirán menos centros de salud, escuelas, comedores escolares…
Julio Solís
Moreira
Sociólogo e investigador
30/06/12
