lunes, 18 de agosto de 2008

Más franqueza y transparencia en la función pública.

Julio Solís Moreira*
Sociólogo e investigador

Cuando se lleva a cabo un esfuerzo por mejorar el orden de las cosas, aparecen dificultades. La gestión de la ética pública surge de diversas discusiones en la dinámica de la institucionalidad pública y el control contra la corrupción, presiones por responsabilización en el manejo de recursos públicos.

El escenario donde se gestiona la ética pública está lleno de limitaciones, de discursos electoralistas, que posteriormente se evaden. Instituciones como la Procuradoría de Ética Pública o la Contraloría General de la República asumen técnicamente el problema y se pronuncian, para fiscalizar, vincular y hacer rendir cuentas.

Aparece el tema de los bienes estatales y la administración privada de los mismos, de la concesión de obra pública, la negociación con actores no gubernamentales —nacionales e internacionales—. Casos como los tratos con las empresas Alterra y Alcatel han puesto en duda la transparencia en la gestión de recursos públicos; en un espacio donde el Estado tiene que comprar, negociar y vender servicios.

Por otro lado, está la calidad —número, integración, consistencia— de la gestión y las acciones que se toman; de la prevención, la acción penal, de crear mecanismos para la rendición de cuentas, de la declaración de bienes a los funcionarios, de crear procuradurías para recibir denuncias. Que los legisladores ejerzan un enérgico control político.

Situaciones como las ocurridas en el Consejo Nacional de Producción y la denominada ley burro del Instituto de Desarrollo Agrario, exponen la necesidad de reestructurar decisiones públicas, nombramientos gerenciales e integración de ciertas juntas directivas. Encontramos un Gobierno que entró con un discurso ético que se ha hecho impreciso, reflejado en la falta de injerencia hacia problemas puntuales, como el del memorando, al cual el Presidente no dio importancia, y fue a través de presiones externas que hubo injerencia en la destitución de Kevin Casas.

En el campo de la ética pública, es esencial analizar cuáles son los cursos de acción que aparecen, de presiones nuevas y de la fuerza de los actores sociales; estos últimos tienen que enfrentar a la institucionalidad y la disposición política para el cambio, el desafiar a las estructuras ancladas en el Estado, como las clientelas, los respetos y las confianzas.

Se debe analizar si las acciones son congruentes con el mensaje del Presidente de la República y el Consejo de Gobierno. Los medios de comunicación deben vigilar y verificar para poner en evidencia situaciones comprobadas. Así la sociedad podrá contar con la información oportuna para generar opinión.

En fin, la preocupación reside en la “confianza” hacia un sistema político, su capacidad de gestionar la emergencia de nuevos actores que presionan hacia más transparencia y franqueza en la toma de decisiones. De crear espacios para la acción ciudadana en la reforma de las capacidades del Estado.


(*) Asistente de investigación, Proyecto Análisis de Coyuntura, Universidad Nacional. Heredia. Costa Rica.