Publicado en Ssociologos 20 de abril de 2016.
El conflicto es una característica subyacente a la conformación de las sociedades humanas, como categoría de análisis nos posibilita comprender la condición humana que se reproduce en un proceso de mantenimiento y decaimiento, esto implica la necesidad de reflexionar sobre la continua lucha por resistir, surgida de los más diversos disensos, vitales para encontrar soluciones en el horizonte de la complejidad organizativa.
Manteniendo la mirada sobre la idea anterior se abordarán diversas discusiones relativas a la sociología del conflicto. Desde una mirada contemporánea del conflicto hay un esfuerzo por entender a los actores del conflicto, en una relación social de poder, donde los grupos de presión luchan por hacer legitimas sus decisiones.
Asimismo cuando se habla de conflictividad se buscar ir más allá de los conflictos surgidos de la estructura económico-material (modelo clásico del conflicto social) y se le presenta como un conflicto institucionalizado en sistemas políticos donde la capacidad para solucionar los conflictos también se da mediante contratos, derechos, titularidades y acuerdos entre actores.
Para contextualizar las disyuntivas expuestas Ralf Dahrendorf señaló que para entender el origen del conflicto hay que remitirse a la teoría clásica del conflicto, ligada a la raíz semántica de las clases[1] y su contraparte, los sectores (estratificados) en las formaciones sociales. Se plantea un sistema de relaciones que tiene que ver con la posesión del capital, la propiedad y la subsiguiente condición jurídica (el status del propietario).
El modelo clásico se refiere a la forma en que Karl Marx abordó las clases, modelo en el que importa el carácter y la condición de la relación originaria del conflicto, la desigualdad de clases, y de ello las relaciones contrapuestas entre capital y trabajo que se manifiestan en la propiedad y la estructura de las relaciones económicas. De esta forma, ahí donde las relaciones económicas aparecen, se daría una relación entre propiedad y poder.
El enfoque clásico se sostiene sobre una situación de clase directamente vinculada al poder político (intereses de clase), de los propietarios frente a otros individuos aislados (proletarios) de poder. Parte de esa contraposición se refleja con una “oposición de intereses” y deriva del interés de cada capitalista y de la clase capitalista; por ejemplo el interés inmediato del proletario es el salario de trabajo, como el de la burguesía el beneficio. Marx empleaba el concepto de clase en un sentido sociológico, pero no tenía el propósito de describir el estado social particular, sino abarcar analíticamente la totalidad social. En perspectiva, “las clases” son grupos opuestos por fuerzas, y debido a esa contraposición aparece el conflicto; último que se refleja en un cambio de la estructura en el conflicto de clases.
Si bien el acceso diferenciado a la propiedad, es un indicador para una sociología del conflicto, Dahrendorf lo hará en alusión a las diferencias entre propiedad activa y pasiva, en la propiedad y el control. El argumento de la propiedad y el control sirve para hacer referencia a la propiedad privada movilizada en la sociedad, en sus inicios directa o activa, donde el capitalista poseía exclusivamente y a título personal el poder de la empresa. Frente a lo anterior se presenta una disyuntiva con los procesos de “racionalización económica” implementados durante la segunda década del siglo XX, mediante la organización racional, que involucra la dirección científica de la empresa y del trabajo, y la aplicación de la administración y la planificación en todos sus aspectos. Ese desarrollo organizativo habrá transformado el conflicto de una manera radical.
La administración social llevaría a la estabilización de las formas de regulación de las relaciones, en la “institucionalización de la oposición entre las clases”, a través de solidas rutinas en las relaciones, instituciones sociales, normas formales e informales. Tal tendencia tiene consecuencias directas sobre la sociedad de clases, pues las funciones de control -cada vez más administrado- se ven limitadas por interlocutores burocráticos tanto en las empresas privadas como en el Estado. En este contexto, además se da la estratificación social de la clase trabajadora, por medio de especializaciones y el surgimiento de una llamada “clase media” de empleados burócratas (planificación, ventas, contabilidad, administración, profesionalización) quienes carecen de propiedad al igual que los proletarios.
La “solución” relativa a los problemas de la cuestión social, solapan la relación conflictiva entre el capital y el trabajo, institucionalizando el conflicto a través de servicios sociales[2] que modulan las ligaduras sociales, crean provisiones, oportunidades vitales y la titularidad de ser ciudadano, individualizándose el conflicto en roces más que en disputas colectivas.
Conforme va avanzando el modelo de una sociología contemporánea del conflicto se va condicionando el elemento económico-material para asociarlo a otras variables y para plantear las posibles vías de escape del enfoque económico-político. De esta forma los roces sociales y el conflicto introducen al concepto de ciudadanía con la formación y surgimiento de los derechos jurídicos, políticos y socio-económicos que se van presentando persuasivamente como reguladores del conflicto en una tendencia positiva hacia la “igualdad material”, por medio del salario mínimo (jurídicamente legítimo), el incremento de los salarios reales, los gravámenes fiscales, las cajas de seguros, etc.
La ciudadanía emergería como una fuente generadora de consenso y posibilidades. Se podría decir que la ciudadanía se reafirma en el gozar de titularidades (derechos), como una cualidad de las normas en términos legales o no, de crear accesos y organizar las necesidades a favor del bienestar material e inmaterial. Por ello las sociedades crean provisiones, que son opciones u oportunidades estructuradas para gestionar las titularidades del ciudadano.
Las titularidades responden a la ciudadanía política, mientras que las provisiones son opciones económicas, y las dos se articulan, así señalaría Dahrendorf que “ninguna cantidad de igualdad en relación a los bienes materiales puede abolir la desigualdad posicional”; desigualdad que es de status y no de clase, por eso son las titularidades las que obligan al sistema a avanzar enfrentado a diversos conflictos.
Los procesos de transformación económica, política y social, representan un proceso de institucionalización del antagonismo de clases, pues habrían avances en términos normativos del movimiento jurídico de avance social presentándole a los grupos sociales de manera discursiva la extensión de derechos ciudadanos que corresponde la ampliación de la esfera de la igualdad de “hecho” en la sociedad.
De lo anterior surge un tema problemático, central en este análisis, y es que, además de la ciudadanía política (status de “plena” participación en los derechos de la sociedad), surge un “sistema secundario”, la democracia política[3], que aspira a “crear normas” para regular el conflicto, por medio de los partidos, a modo de organizaciones que representan los intereses (cámaras de empresarios, sindicatos). Así la oposición entre trabajo y capital, se reconcilia en una categoría de institución jurídica, donde la lucha de clase, es sometida al control y las reglas de juego de un sistema político (democracia liberal, representativa, de partidos elitistas).
Se podría decir, que la institucionalización del conflicto, es parte de la regulación de los cometidos e intereses anti-sistémicos existentes en un sistema político. Además se plantea que a pesar del fenómeno de institucionalización, continua el carácter de una sociedad estratificada y la existencia de una desigual distribución de la autoridad o de la “legitima” disponibilidad del poder. El conflicto tamizado por la dominación pasa a ser un conflicto entre asociaciones políticas o grupos de interés organizados.
El poder no solo generaría desigualdad sino, por la misma razón, conflicto. Esa es parte de la insociable sociabilidad, por eso a través de la creación de “oportunidades vitales”, se establecería un contrato social mejorado. Habría una aporía, entre el deseo de bienestar material frente a la formación elitista de las asociaciones de dominación (pública y privada). Aunque la ciudadanía convertida en sociedad civil aparece como potencia, no lo es en sentido estricto como una ciudadanía sustantiva que logra su bienestar económico, sino como una ciudadanía a la que se le administra el conflicto.
El conflicto es una característica subyacente a la conformación de las sociedades humanas, como categoría de análisis nos posibilita comprender la condición humana que se reproduce en un proceso de mantenimiento y decaimiento, esto implica la necesidad de reflexionar sobre la continua lucha por resistir, surgida de los más diversos disensos, vitales para encontrar soluciones en el horizonte de la complejidad organizativa.
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| Fuente: http://static.panoramio.com/photos/original/1322737.jpg |
Asimismo cuando se habla de conflictividad se buscar ir más allá de los conflictos surgidos de la estructura económico-material (modelo clásico del conflicto social) y se le presenta como un conflicto institucionalizado en sistemas políticos donde la capacidad para solucionar los conflictos también se da mediante contratos, derechos, titularidades y acuerdos entre actores.
Para contextualizar las disyuntivas expuestas Ralf Dahrendorf señaló que para entender el origen del conflicto hay que remitirse a la teoría clásica del conflicto, ligada a la raíz semántica de las clases[1] y su contraparte, los sectores (estratificados) en las formaciones sociales. Se plantea un sistema de relaciones que tiene que ver con la posesión del capital, la propiedad y la subsiguiente condición jurídica (el status del propietario).
El modelo clásico se refiere a la forma en que Karl Marx abordó las clases, modelo en el que importa el carácter y la condición de la relación originaria del conflicto, la desigualdad de clases, y de ello las relaciones contrapuestas entre capital y trabajo que se manifiestan en la propiedad y la estructura de las relaciones económicas. De esta forma, ahí donde las relaciones económicas aparecen, se daría una relación entre propiedad y poder.
El enfoque clásico se sostiene sobre una situación de clase directamente vinculada al poder político (intereses de clase), de los propietarios frente a otros individuos aislados (proletarios) de poder. Parte de esa contraposición se refleja con una “oposición de intereses” y deriva del interés de cada capitalista y de la clase capitalista; por ejemplo el interés inmediato del proletario es el salario de trabajo, como el de la burguesía el beneficio. Marx empleaba el concepto de clase en un sentido sociológico, pero no tenía el propósito de describir el estado social particular, sino abarcar analíticamente la totalidad social. En perspectiva, “las clases” son grupos opuestos por fuerzas, y debido a esa contraposición aparece el conflicto; último que se refleja en un cambio de la estructura en el conflicto de clases.
Si bien el acceso diferenciado a la propiedad, es un indicador para una sociología del conflicto, Dahrendorf lo hará en alusión a las diferencias entre propiedad activa y pasiva, en la propiedad y el control. El argumento de la propiedad y el control sirve para hacer referencia a la propiedad privada movilizada en la sociedad, en sus inicios directa o activa, donde el capitalista poseía exclusivamente y a título personal el poder de la empresa. Frente a lo anterior se presenta una disyuntiva con los procesos de “racionalización económica” implementados durante la segunda década del siglo XX, mediante la organización racional, que involucra la dirección científica de la empresa y del trabajo, y la aplicación de la administración y la planificación en todos sus aspectos. Ese desarrollo organizativo habrá transformado el conflicto de una manera radical.
La administración social llevaría a la estabilización de las formas de regulación de las relaciones, en la “institucionalización de la oposición entre las clases”, a través de solidas rutinas en las relaciones, instituciones sociales, normas formales e informales. Tal tendencia tiene consecuencias directas sobre la sociedad de clases, pues las funciones de control -cada vez más administrado- se ven limitadas por interlocutores burocráticos tanto en las empresas privadas como en el Estado. En este contexto, además se da la estratificación social de la clase trabajadora, por medio de especializaciones y el surgimiento de una llamada “clase media” de empleados burócratas (planificación, ventas, contabilidad, administración, profesionalización) quienes carecen de propiedad al igual que los proletarios.
La “solución” relativa a los problemas de la cuestión social, solapan la relación conflictiva entre el capital y el trabajo, institucionalizando el conflicto a través de servicios sociales[2] que modulan las ligaduras sociales, crean provisiones, oportunidades vitales y la titularidad de ser ciudadano, individualizándose el conflicto en roces más que en disputas colectivas.
Conforme va avanzando el modelo de una sociología contemporánea del conflicto se va condicionando el elemento económico-material para asociarlo a otras variables y para plantear las posibles vías de escape del enfoque económico-político. De esta forma los roces sociales y el conflicto introducen al concepto de ciudadanía con la formación y surgimiento de los derechos jurídicos, políticos y socio-económicos que se van presentando persuasivamente como reguladores del conflicto en una tendencia positiva hacia la “igualdad material”, por medio del salario mínimo (jurídicamente legítimo), el incremento de los salarios reales, los gravámenes fiscales, las cajas de seguros, etc.
La ciudadanía emergería como una fuente generadora de consenso y posibilidades. Se podría decir que la ciudadanía se reafirma en el gozar de titularidades (derechos), como una cualidad de las normas en términos legales o no, de crear accesos y organizar las necesidades a favor del bienestar material e inmaterial. Por ello las sociedades crean provisiones, que son opciones u oportunidades estructuradas para gestionar las titularidades del ciudadano.
Las titularidades responden a la ciudadanía política, mientras que las provisiones son opciones económicas, y las dos se articulan, así señalaría Dahrendorf que “ninguna cantidad de igualdad en relación a los bienes materiales puede abolir la desigualdad posicional”; desigualdad que es de status y no de clase, por eso son las titularidades las que obligan al sistema a avanzar enfrentado a diversos conflictos.
Los procesos de transformación económica, política y social, representan un proceso de institucionalización del antagonismo de clases, pues habrían avances en términos normativos del movimiento jurídico de avance social presentándole a los grupos sociales de manera discursiva la extensión de derechos ciudadanos que corresponde la ampliación de la esfera de la igualdad de “hecho” en la sociedad.
De lo anterior surge un tema problemático, central en este análisis, y es que, además de la ciudadanía política (status de “plena” participación en los derechos de la sociedad), surge un “sistema secundario”, la democracia política[3], que aspira a “crear normas” para regular el conflicto, por medio de los partidos, a modo de organizaciones que representan los intereses (cámaras de empresarios, sindicatos). Así la oposición entre trabajo y capital, se reconcilia en una categoría de institución jurídica, donde la lucha de clase, es sometida al control y las reglas de juego de un sistema político (democracia liberal, representativa, de partidos elitistas).
Se podría decir, que la institucionalización del conflicto, es parte de la regulación de los cometidos e intereses anti-sistémicos existentes en un sistema político. Además se plantea que a pesar del fenómeno de institucionalización, continua el carácter de una sociedad estratificada y la existencia de una desigual distribución de la autoridad o de la “legitima” disponibilidad del poder. El conflicto tamizado por la dominación pasa a ser un conflicto entre asociaciones políticas o grupos de interés organizados.
El poder no solo generaría desigualdad sino, por la misma razón, conflicto. Esa es parte de la insociable sociabilidad, por eso a través de la creación de “oportunidades vitales”, se establecería un contrato social mejorado. Habría una aporía, entre el deseo de bienestar material frente a la formación elitista de las asociaciones de dominación (pública y privada). Aunque la ciudadanía convertida en sociedad civil aparece como potencia, no lo es en sentido estricto como una ciudadanía sustantiva que logra su bienestar económico, sino como una ciudadanía a la que se le administra el conflicto.
Fuentes de referencia.
Coser, L. (1967). Nuevos aporte a la teoría del conflicto social. Buenos Aires, Argentina.: Amorrortu editores.
Dahrendorf, R. (1990). El conflicto social moderno. Ensayo sobre la política de la libertad. Barcelona, España: Mondadori.
Dahrendorf, R. (1974). Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial. (Tercera Edición ed.). Madrid, España: Ediciones RIALP.
Marshall, T. (1997). Ciudadanía y clase social (1949). REIS, 297-344.
Renna, H. (2008). Con Marx y con Dahrendorf: leyendo los conflictos urbanos en la ciudad de Santiago de Chile. Chile: Centro de Análisis e Investigación Política.
Toscano, M. (2007). Oportunidades de vida: el significado de las ligaduras sociales en el liberalismo de Ralf Dahrendorf. Contraste, Revista Interdisciplinar de Filosofía, 162-170.
Dahrendorf, R. (1990). El conflicto social moderno. Ensayo sobre la política de la libertad. Barcelona, España: Mondadori.
Dahrendorf, R. (1974). Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial. (Tercera Edición ed.). Madrid, España: Ediciones RIALP.
Marshall, T. (1997). Ciudadanía y clase social (1949). REIS, 297-344.
Renna, H. (2008). Con Marx y con Dahrendorf: leyendo los conflictos urbanos en la ciudad de Santiago de Chile. Chile: Centro de Análisis e Investigación Política.
Toscano, M. (2007). Oportunidades de vida: el significado de las ligaduras sociales en el liberalismo de Ralf Dahrendorf. Contraste, Revista Interdisciplinar de Filosofía, 162-170.
[1] En Roma, “Classis”, en Marx “Las clases son agrupaciones políticas instituidas por un interés común. La lucha de clases en contra otra clase es un lucha política.”
[2] Trabajo, educación, salud, movilidad, provisiones sociales, entre otros.
[3] En el sentido de Dahrendorf, es Democracia Liberal.
[2] Trabajo, educación, salud, movilidad, provisiones sociales, entre otros.
[3] En el sentido de Dahrendorf, es Democracia Liberal.
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