El poder del espacio público

“Si el mundo ha de incluir un espacio público, no se puede establecer para una generación y planearlo sólo para los vivos, sino que debe superar el tiempo vital de los hombres mortales. Sin esta trascendencia en una potencial inmortalidad terrena, ninguna política, estrictamente hablando, ningún mundo común ni esfera pública resultan posibles.” Hanna Arendt, La condición humana

En la modernidad las relaciones sociales se han perpetuado desde diversas fuentes que han puesto a límite la capacidad humana para reproducir la vida, estas limitaciones contemporáneas se han gestionado desde la denominada “integración social”, un concepto problemático que genera más anticuerpos que seguidores, debido a que la moderna integración normativa ha tomado la vía de la coerción y la dominación de unos pocos, por sobre la libertad, el bienestar y la cohesión de la mayoría.

La disyuntiva de la integración adquiere relevancia en lo político, con el ordenamiento de las posibilidades existentes dentro los sistemas sociales, entiéndase esto, en el acceso o no a ciertas oportunidades, a los recursos y a las titularidades jurídicas de los ciudadanos. Estas posibilidades todavía son públicas y se amparan gubernamentalmente; el problema inicia acá, con un conflicto social clásico, por un lado, la promoción del bien común -hoy en franca decadencia- y por otro lado, la promoción de los intereses particulares en beneficio privado.

El efecto inmediato de la disyuntiva señalada se observa en las ciudades, que son el crisol de los cambios de un “mundo desbocado”[1] girando contra el bienestar social. Lo anterior se sintetiza con el desgaste y la puesta en duda de los derechos de los habitantes urbanos, el incremento de la segregación habitacional, la desigualdad social, la informalidad y la precariedad laboral, los guetos de ricos y de pobres, la promoción de la seguridad y el orden público, el aumento del control penal y la tolerancia cero, la violencia estructural, en resumen, la justicia de unos pocos sobre los derechos de muchos otros.

En esta reflexión es central contextualizar que la esfera pública se asocia comúnmente con el ordenamiento jurídico y estatal, la administración pública de los bienes de uso común. Ese presupuesto tiene su origen en la formación de los Estados Nacionales como los garantes del gobierno en el territorio. Tal predominancia estatal afecta las bases de la participación política, creando un tipo de conformismo, pues el Estado termina por apropiarse de funciones que son “publicas” pero que no se publicitan y hacen comunes, esa es la contradicción de lo público en las complejas burocracias modernas.

Los espacios públicos también tienen un referente concreto, en la vida cotidiana, en las organizaciones, los parques, las plazas, las calles, espacios donde se supone el “acceso es libre” y se esperarían actitudes no excluyentes. Esas aspiraciones son de difícil cumplimiento en sociedades donde se crean amenazas excusándose en el temor a lo diferente, regulando con mayor fuerza y frecuencia los comportamientos a partir de estereotipos y prejuicios cognitivos frente a grupos de migrantes, trabajadores informales y supuestos delincuentes. Se han de sumar discriminaciones sobre los rasgos particulares de las personas: etnia, género, origen social, edad; estos excesos permiten de la misma manera la intolerancia frente a las escogencias culturales, las estéticas diversas y las escogencias sexuales.

Debido a lo anterior es vital deliberar sobre el valor normativo y el poder del espacio público, que ha logrado -a pesar de los hechos anteriores- enfrentar los efectos de una modernización capitalista que ha reorganizado la cohesión social a partir de valoraciones contraproducentes. Señalando algunos rasgos -a simple vista- se observa, el individualismo negativo, el consumo opulento y la acumulación egoísta de los que excedentes, condiciones que se promueven sin tener en cuenta protecciones sociales para el bienestar de la población más vulnerable.

Los dilemas anteriores, son dilemas serios, y por ello es esencial impulsar el espacio público como un bien común, algo que se ha de compartir, que se construye concretamente con la inyección de recursos para la participación democrática, con consultas a la ciudadanía, en infraestructuras que se puedan compartir, con educación multicultural, entre muchas otras acciones. Estas apuestas no pueden ser a medias en un contexto de lucha por el espacio público

¿Cuáles serían las fuentes de la producción y co-producción de los espacios públicos? La disyuntiva está en la apropiación ciudadana y en las fuentes democráticas para la reproducción de la organización de los recursos comunes de la sociedad. Esto se ha de problematizar en un contexto en el que emergen modelos de administración de los recursos que ponen en duda el sentido estricto de lo público como función de bienestar social.

En fin, la barbarie puede retornar por una contradicción simple, la búsqueda de la libertad a partir de la desintegración de la cohesión social destruye el acuerdo que sustenta esas libertades, el derecho común a acceder a la esfera pública.

Publicado en el blog Ciudad Viva | abierto — Martes, 15 de enero de 2013

Julio Solís Moreira

Investigador del Proyecto Convivencia Urbana en San José. 

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED, Costa Rica.

Notas: 

[1] Siguiendo la reflexión de Anthony Giddens