jueves, 2 de febrero de 2012

La Sala IV y la desprotección y criminalización del trabajo informal

“Amparando” a una persona, la Sala IV ha tomado la decisión de integrar a la Fuerza Pública en la persecución del supuesto “negocio ilegal” de las ventas ambulantes.

Este acontecimiento que parece muy particular, refleja la existencia de una justicia para unos pocos, por sobre los derechos y accesos sociales de quienes son expulsados sin más -y sin mucha razón-; aquellos que son proscritos por el “orden” al no adecuarse a la estrategia de estetización del espacio público y la libertad de tránsito en los bulevares josefinos, acciones que no buscan responder al problema, sino que ocultan una realidad, la exclusión.

Decisiones como las de la Sala IV, olvidan un hecho, que parte significativa de la población que vive en Costa Rica se integra al mercado de trabajo de manera informal y precaria. Según la OIT al 2011 en Costa Rica, un 34% de la población masculina y un 30,4% de la población femenina son empleadas en el sector informal, esto incluyendo también población migrante.

Los trabajadores del sector informal fluctúan entre un tercio y la mitad de la población empleada América Latina[1], lo que los convierte en un estrato laboral más grande de la región.

Así lo reafirma el Panorama Laboral de la OIT del 2011 cuando expone como:

“[…] uno de cada tres ocupados en la región son trabajadores por cuenta propia y auxiliares. La mayoría de estos se desempeña en actividades del sector informal, en condiciones de precariedad laboral, desprotección social y con baja productividad e ingresos.” (p.14)

Si bien los vendedores ambulantes son solo una parte de esas estadísticas, reflejan un aspecto cualitativo a tener en cuenta, la incertidumbre que viven grandes sectores de la población urbana que sobreviven mediante el trabajo no reglamentado y en actividades de subsistencia (al día), sin la cobertura de muchos servicios vitales (salud, alimentación, vivienda digna, entre muchos otros).

Así, en el caso del casco urbano de la ciudad de San José, las ventas y los vendedores ambulantes son una manifestación clara de los indicadores de informalidad. El sector informal termina siendo una desprotección social, un espacio inseguro para las personas que trabajan bajo condiciones de vulnerabilidad. Es ese sentido, habría de preguntarse ¿cuál titularidad constitucional responde ante este grupo de personas?

Más que encontrar una respuesta clara ante lo anterior, se observa como la decisión de la Sala IV distorsiona el concepto de ciudad, no hacia un espacio accesible, inclusivo y de convivencia, sino hacia uno regulado por el orden y la fuerza pública. Lo anterior significa que se pierde la esperanza de generar bienestar para la ciudadanía -en general-, y se opta por la simple criminalización de unos (que son muchos) en favor de ciertos estratos.

Publicado en el Diario Digital Nuestro País

Julio Solís Moreira
Sociólogo e investigador 
02/02/12

Bibliografía

Portes, A., y Hofmann, K. (2003). Las estructuras de clases en América Latina. Composición y cambios durante la época neoliberal. Serie Políticas sociales (N.68).
OIT. (2011). Panorama Laboral 2011. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.

Citas: 

[1] En ese sentido, Portes y Hoffman (2003, p. 18-19), evidencian como en América Latina, el peso del sector informal es fundamental, reflejo de un proceso de pauperización de la relación capital-trabajo. Así por ejemplo, las microempresas, emplean entre un 65% y un 80% de trabajadores a los que no se les paga, ni la cobertura médica, ni el seguro social.