lunes, 16 de mayo de 2011

En Costa Rica la ética pública está lejos de ser una realidad

Han pasado casi 7 años del inicio de las causas anticorrupción contra los expresidentes, juicios que han costado un dineral y que han afectado fuertemente la debilitada legitimidad del sistema político y jurídico costarricense.

Las últimas semanas han sido álgidas en cuanto a revivir estos hechos de corrupción como tema en la agenda pública del país. Nos damos cuenta que a los autores intelectuales de los delitos asociados al caso CCSS-Fischel, les impugnan una pena mínima y luego les dan casa por cárcel.

Tal decisión penal es sin lugar a duda, decepcionante. La complejidad de los actos de corrupción, el nivel de elaboración y planeamiento por parte de los autores hace inconcebible que sean juzgados de tal manera. En un final son actos que no tienen otro nombre más que el de delito, desde el peculado (robo de dinero público o privado), el tráfico de influencias, los sobornos, los biombos, entre otros.

La corriente de la criminológica crítica ha evidenciado como los grupos de poder criminalizan ciertas faltas y otras no. Esto se refleja cuando los delitos económicos no se penalizan de la misma forma, aunque son actos muy costosos para el "bien común". Cuantas cosas se pudieron haber construido, escuelas, centros de salud, comedores para los niños.

Todo lo anterior se da por la falsa percepción de que los supuestos corruptos de "cuello blanco", son "respetables" en el orden social, y por lo tanto están etiquetados de forma muy diferente.

La ratificación de la condena refleja la debilidad en controles anti-corrupción, situación que crea un precedente en la función política y pública: "robaras y no iras a la cárcel".

Julio Solís Moreira
Sociólogo e investigador
16/5/11